Régimen semi presidencial, una discusión en serio

Andrés Sanfuentes

En las últimas semanas el debate presidencial se ha centrado en una serie de temas que pueden ser muy periodísticos, pero no fundamentales cuando se trata de salir de lo inmediato y concentrar los esfuerzos en ayudar a definir el destino de Chile, como es la propuesta de modificar el régimen presidencial del país.

Es así como el foco ha estado en los intendentes regionales, la aplicación de la ley antiterrorista en La Araucanía, las cesiones territoriales a Bolivia y el espionaje en la Sofofa. Se conmina a los candidatos a tomar posiciones, sin tomar en cuenta los temas que sí requerirían de posturas claras como la desigualdad, la modernización del Estado, la concentración productiva, la calidad de la educación, la pobre atención en salud, el lento crecimiento económico y el estancamiento de la productividad, entre otros.

Sin embargo, la materia más importante es la crisis política que sufre el país, basada en el cuestionamiento a las instituciones, el desinterés de la población por los asuntos públicos, la indiferencia ante la solución de los problemas más complejos de la sociedad, la instalación de una valorización de los deberes y no solo los derechos y, lo más serio, la creencia de que es necesaria una reforma integral de la Constitución, a través de una difusa asamblea constituyente.

Ante el cuadro anterior surgió la propuesta de un grupo transversal de senadores (Zaldívar, Allamand, Harboe, Larraín y Montes), de hacer una modificación al régimen excesivamente presidencialista de Chile, mediante algunos cambios en la dirección del semi presidencialismo, aunque no constituye una propuesta integral al respecto. La idea fundamental es que en la medida que la Presidencia no cuenta con una mayoría parlamentaria sólida y estable, su gestión tiene un serio deterioro, a causa de la pérdida de gobernabilidad, tal como está ocurriendo en la actualidad.

En la propuesta, las ideas centrales son otorgar al ministro del Interior un papel privilegiado entre sus pares, mediante la responsabilidad de lograr una mayoría parlamentaria para gobernar y asumir la coordinación de las diferentes carteras. Adicionalmente, los parlamentarios podrían asumir funciones ministeriales, abandonando transitoriamente sus responsabilidades legislativas, siendo reemplazados en ese lapso por un personero designado por el partido en que milita el titular. Estas medidas permitirían mayor estabilidad al Poder Ejecutivo. La iniciativa, a pesar de ser una propuesta muy amplia, ha pasado hasta ahora sin pena ni gloria, sin requerir pronunciamientos de los candidatos presidenciales, ni mayor preocupación de los medios de comunicación, más preocupados por la farándula política.

Varios analistas preocupados por el excesivo poder que tiene la Presidencia de la República, ya habían planteado la conveniencia que la reforma de la Constitución contemplara innovaciones en el régimen político mediante el cambio hacia un sistema semi presidencial, cuya experiencia más notoria está en Francia, donde ha funcionado ya por algunos decenios, con la fórmula en que la Presidencia tiene algunas facultades propias del Jefe de Estado, como serían el manejo de las Relaciones Exteriores y la Defensa, mientras que el Primer Ministro debe ocuparse de disponer de una mayoría parlamentaria para ejercer el gobierno, de manera tal que podría facilitar la denominada “coexistencia” entre ambos.

Sin embargo, a pesar de su importancia, no se ha discutido seriamente esta alternativa para establecer su conveniencia y factibilidad en Chile, bajo el predicamento de lograr mayor gobernabilidad, estabilidad y descentralización del poder, porque Chile no es Francia, ni Portugal, Rusia, Polonia, Egipto o Argelia, donde se han implantado variantes del semi presidencialismo. Surgen las preguntas de si sería aceptable en un país cuya tradición y cultura ha logrado concentrar la primacía no solo del Presidente, sino también de Santiago sobre las regiones. La transformación no es simple, porque implica modificaciones en una serie de materias relativas a la institucionalidad.

Pero es una discusión y definición impostergable.